En España los policías le ganan la partida a los jueces a la hora de vigilar lo que pasa en la red, según datos de Google
El Informe de Transparencia de Google es una de aquellas piezas que merece la pena observar, más aún en un momento en que las cuestiones relacionadas con la salvaguarda de nuestros derechos en relación con los datos están en primer plano.
El informe tiene carácter semestral, y a cada edición incorpora información más completa.
Los cortes de servicio de Google no son cosa baladí: estamos hablando del primer facilitador de acceso a información de todo el mundo, que además es proveedor de servicios en la nube como medios sociales, correo electrónico y varios servicios de productividad. En el informe se reseñan unos cuantos, la mayoría como consecuencia de la intervención de gobiernos que, al no estar conformes con ciertos contenidos, bloquean el acceso. Ahí encontramos a los sospechosos habituales de estas prácticas: Irán, Birmania, Siria, Turquía, Egipto... Es ilustrativo comprobar cómo no siempre la falta de disponibilidad del servicio está conectada con acciones del estado: en el caso de los los Territorios Palestinos, en ocasiones son víctimas de ciberataques; en Armenia, una mujer que está en Georgia deja al país vecino sin Internet robando cables de cobre.
El acceso de los diferentes gobiernos a los datos de Google sobre particulares es uno de los capítulos más jugosos: la cifra de peticiones de retirada de datos se ha disparado: de 2009 a 2011 se ha mantenido más o menos estable en el entorno de los 1-000-1.100, pero este primer semestre de 2012 han sido 1.791.
En el caso de España, los datos disponibles indican que la mayor parte de contenidos bloqueados lo han sido a petición directa de cuerpos policiales, y menos como consecuencia de órdenes de un juez. Más de la mitad de los casos están relacionados con asuntos vinculados a la privacidad y la seguridad; le siguen a distancia las alegaciones de difamación, promoción del odio y la violencia, y suplantación de identidad. Resulta llamativa la ausencia de casos relacionados con la propiedad intelectual.
En el capítulo de derechos de autor Google ofrece una información de acceso efectivo mucho más difícil. Mientras que en otras partes del documento es posible descargar los datos a una hoja de cálculo para trabajar con ellas, este tipo de opciones no están disponibles cuando queremos saber sobre reclamaciones de las entidades gestoras de derechos, de manera que no ha sido posible saber, por ejemplo, de la actividad de la SGAE u otros organismos españoles en este terreno. Solo se puede afirmar el predominio de reclamaciones de las grandes corporaciones anglosajonas de la industria del entretenimiento y de sus instrumentos legales y tecnológicos. Es el caso de Degban, que el mes pasado planteó a Google algo menos de dos millones de solicitudes de retirada de contenidos de su buscador.
Habrá que seguir esperando a los datos de Google, y también de otras empresas del sector, para perfilar en qué medida los gobiernos, y especialmente el nuestro, husmean más o menos legítimamente en nuestra identidad digital. Lo malo es que por ahora las empresas ganan a los gobiernos, al menos por estos lares, en gestos de transparencia.
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